La acción directa del subcontratista del artículo 1597 del Código Civil

El artículo 1597 del Código Civil recoge la denominada acción directa en el contrato de obra al decir:

“Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.”

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El ejercicio de esta acción se encuadra en el denominado "contrato de arrendamiento de obra" que, según el artículo 1544 CC, es aquel por el que una de las partes se obliga a ejecutar una obra a la otra parte por precio cierto. Más concretamente, se encuadra en el contrato de obra por ajuste o precio alzado, es decir, en aquel contrato en el que se fija el precio de la obra a su inicio señalando, para ello, un tanto alzado a la totalidad del trabajo.

En este contexto contractual, la efectividad de la acción directa exige la concurrencia de tres posiciones subjetivas: (1) el dueño de la obra que ha contratado la obra a un (2) contratista que es, a su vez, subcontratante de uno o varios (3) subcontratistas para la realización de toda o parte de la obra.

Estas circunstancias hacen que el subcontratista, que es acreedor del contratista principal por la ejecución de toda o parte de la obra acordada con éste, ve nacer en su patrimonio una acción personal directa contra el dueño de la obra por el concepto que le adeuda el contratista, con el límite de la cantidad que aquel (el dueño de la obra) adeude al contratista cuando se hace la reclamación.

Los presupuestos que han de concurrir para el buen fin de la acción han sido sintetizados por el Tribunal Supremo del siguiente modo (STS de 22 de febrero de 2008, Rec. 3486/2000 [Cendoj ROJ: STS 1482/2008]):

1. Que el contratista principal haya concertado la ejecución de la obra de tal forma que su crédito futuro sea cierto y esté determinado en el contrato principal de la obra;
2. Que quienes ponen su trabajo y materiales en la obra (posición subjetiva 3ª) sean acreedores del contratista principal (pos. sub. 2ª) en el momento del ejercicio de la acción directa;
3. Que el acreedor directo (posición 3ª) haya constituido en mora al contratista principal;
4. Que el comitente (dueño de la obra) sea deudor del contratista principal en el momento del ejercicio de la acción directa;
5. Que, si el acreedor directo es el subcontratista de obra, el comitente haya prestado su autorización para que el contratista principal pueda en su propio nombre, y por su propia cuenta, pero en interés de ambos, subcontratar la ejecución de todo o parte de la obra principal.

De la configuración legal y jurisprudencial, podemos destacar los siguientes caracteres de la acción del artículo 1597 CC:

1.- Es una acción directa. Esto implica que, en palabras del Tribunal Supremo (STS 26 de septiembre de 2008, Rec. 155/2002 [Cendoj ROJ: STS 5027/2008]), se “puede ejercer contra el comitente o contra el contratista o subcontratista anterior, o frente a todos ellos simultáneamente, al estar afectados y obligados en la relación contractual instaurada, que de esta manera se proyecta al comitente y, en tal caso, la responsabilidad de éste y del contratista es solidaria (SSTS 15 de marzo de 1990, 29 de abril de 1991, 12 de mayo y 11 de octubre de 1994, 2 y 17 de julio de 1997, 28 de mayo y 22 de diciembre de 1999, 6 de junio y 27 de julio de 2000, etc.), señalando que no se trata de una acción sustitutiva, por lo que cabe ejercitarla sin reclamar previa o simultáneamente al contratista (SSTS 16 de marzo de 1998, 11 de octubre de 2002), al que basta con haber constituido en mora, sin necesidad de haber hecho excusión de sus bienes ni de haberle declarado en insolvencia (STS 12 de mayo de 1994)”.

En los casos en los que se ejercite simultáneamente la acción ordinaria contra el contratista principal y directa contra el dueño de la obra, la responsabilidad de ambos es de naturaleza indistinta y solidaria, si bien el segundo sólo debe responder por el importe máximo previsto en el artículo 1597 CC, es decir, hasta la cantidad que éste adeude al contratista principal cuando se hace la reclamación.

2.- Como quiera que la acción directa puede ser ejercitada por un tercero (entendido como no parte) del contrato principal frente al dueño de la obra, la misma supone una excepción a lo que se conoce como el principio de relatividad del contrato (STS 31 de enero de 2005 [Cendoj ROJ: STS 435/2005]). Dicho principio está reconocido en el artículo 1257 CC al indicar:

"Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley."

Un aspecto relacionado muy relevante a los efectos del éxito de la acción es la correcta demostración de la realidad del crédito alegado por el actor. Esta prueba corresponde a quien alega y se entiende que, aunque no debe exigirse una prueba plena y completa, ya que ello podría ser un impedimento insalvable para la efectividad del precepto, sí debe acreditarse la efectiva existencia del mismo.

En este punto, el Tribunal Supremo ha indicado que si bien el mencionado carácter directo de la acción impide la apreciación del litisconsorcio pasivo necesario (del contratista y el comitente), no existen obstáculos para que el órgano judicial correspondiente examine si el subcontratista tiene o no un crédito contra el contratista (materia, por cierto, concerniente exclusivamente al Tribunal "a quo" por tratarse de una cuestión de hecho y, en consecuencia excluida de casación). Y esto se justifica por el hecho de que, dado el carácter solidario de la responsabilidad del dueño de la obra y del contratista, cada deudor solidario puede oponer al acreedor las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación, además de las que le sean personales, en los términos establecidos en el artículo 1148 del CC, incluso en los supuestos en que no se ejerce la acción para reclamación ordinaria frente al contratista.

Entre las excepciones oponibles se encuentran las relativas al desarrollo de la relación obligatoria y a su extinción (pago o cumplimiento) o las relativas a las consecuencias que hayan de tener los incumplimientos eventuales del subcontratista o el cumplimiento defectuoso de la prestación.

3.- Por último, requiere una mención especial la eficacia de la acción directa en aquellos casos en los que el comitente es una Administración Pública. En este punto, ha de traerse a colación el artículo 227.8 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) que dice expresamente:

“Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.”

Este precepto, no incluido en la redacción original de la anterior Ley de Contratos del Sector Público, vino a zanjar la discusión doctrinal y jurisprudencial en la que se ponía en duda la eficacia de la acción directa frente a órganos administrativos de contratación. Desde su inclusión queda clara la inaplicabilidad de la estudiada acción cuando el contrato quede bajo el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.