La Administración "Analógica"

Hace algunos días los medios de comunicación se hacían eco de una noticia (dejo aquí el enlace) que nos contaba como la Administración había solicitado, a traves de toda su maquinaria burocrática, la devolución de un céntimo extra que una persona había recibido de más en su prestación por desempleo.

Evidentemente, cualquier persona sabe que el trabajo invertido por el funcionario o trabajador de turno, así como el mero precio del papel, el sobre y el envio suponen ya mucho más dinero que ese céntimo.

Esto me hizo pensar (de nuevo) en la cantidad de tonterías y retrasos que vivimos en este pais en nuestras relaciones con la Administración. Y es que es evidente que pese a que avanzamos globalmente hacia lo "digital", la Administración española podría conocerse tranquilamente como la Administración "Analógica".

Hoy en día no cabe en la cabeza de nadie que para hacer cualquier gestión, aunque sea una autentica chorrada, como presentar unas alegaciones de una cara de folio, uno tenga que redactar al escrito, imprimirlo (varias veces) y dirigirse al organo correspondiente. Esto además, hablando en concreto de la Administración de Justicia, se multiplica, ya que las gestiones y comunicaciones que median son muchísimas más (presentación de demanda con copias, hacer poder ante notario o firmarlo apud acta, subsanar eventualmente la demanda, recibir admisión de la demanda y citación a juicio, citación judicial de testigos y peritos... y podría seguir). Vamos, una autentica sangría de gastos en papel, copias, envios, etc. Y eso teniendo en cuenta que, por ejemplo en 2012, entraron a los Juzgados españoles más de 9 millones de asuntos.

Tenemos mil y un medios para acreditar de manera fehaciente el envio correcto, recepción y lectura de cualquier email, sms, etc.

Es innegable el ahorro que habría en tiempos de tramitación del procedimiento, así como en gastos económicos del mismo, ya que no habría que hacer fotocopias de nada, ni utilizar papel, ni tinta, ni sobres, ni pagar gastos de envio, etc. Eso por no hablar de las gastos que produce almacenar fisicamente todos los documentos de todos los casos.

El único requisito sería que la Administración utilizara cualquiera de los medios que ofrecen las compañias que, como antes menciono, se encargan de acreditar la recepción y lectura fehaciente de estas comunicaciones que se realizan de manera telemática. Evidentemente sin esto se crearía una inseguridad jurídica manifiesta, ya que hace falta en todo caso un medio que acredite el computo exacto y fiable de los plazos en cada procedimiento.

Hoy en día ya no vale la excusa de que internet es para unos pocos. Todo el mundo tiene un ordenador, tablet, smartphone... etc con acceso a internet, y el que aun no lo tiene (por un casual) tiene un teléfono movil capaz de recibir un sms.

Es decir, a todo el mundo se le podría comunicar por sms (o llamandole directamente) que ha sido demandado/denunciado, o citado a un juicio como testigo, etc. mandándole directamente al mail que haya facilitado a la administración en su momento cualquier tipo de escrito, y quedando constancia de su apertura y lectura por los medios que nos facilita la tacnología de hoy en día.

Todo esto, evidentemente, utilizando de manera subsidiaria el ya existente sistema de edictos y Boletines Oficiales para el caso de que aún por este metodo alguien intente escaquearse o no darse por enterado respecto a una notificación.

Ahora bien, ¿Cuál es el problema? Pues que para adaptar nuestra arcaica y analógica administración a los nuevos tiempos hace falta dinero. Un dinero que hoy en día esta en bolsillos de políticos y banqueros, así como en paraísos fiscales.

Además, y de nuevo hablando en concreto de la Administración de Justicia, nos encontramos a Gallardón. Y este, en vez de sentarse a pensar de verdad medidas para mejorar la situación ha optado por la vía fácil: cascar a todo quisqui sus archiconocidas y archiqueridas Tasas Judiciales.

¿Para qué vamos a mejorar el funcionamiento y eficiencia de los Juzgados? No hombre, no. Hagamos que la gente no pueda usarlos. Así no podrán quejarse de ellos.